Editado por Sergio Silvestri

La tecnología puede desempeñar un papel importante en el equilibrio de los objetivos políticos y la mitigación de los riesgos para la privacidad, del mismo modo que una gobernanza y unos marcos regulatorios adecuados son cruciales en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la protección de datos y la privacidad, constituyen intereses públicos significativos que no son mutuamente excluyentes. El informe tiene como objetivo ayudar a las jurisdicciones que estén considerando mejorar el intercambio de información entre entidades del sector privado a diseñar estas iniciativas de forma responsable, en cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad, de manera que se tengan en cuenta los riesgos asociados a un mayor intercambio de datos personales. Con este fin, el GAFI consultó a autoridades de protección de datos, académicos, proveedores de tecnología y el sector privado.

El informe destaca que los sistemas AML/CFT/CPF buscan impedir el acceso al sistema financiero a grupos del crimen organizado, funcionarios corruptos, organizaciones terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y traficantes de personas. A pesar de estos esfuerzos, señala, las organizaciones criminales se están volviendo más sofisticadas y explotan las deficiencias del sistema. Una sola institución financiera solo tiene una visión parcial de las transacciones y percibe una pequeña parte de lo que suele ser un rompecabezas complejo. Los delincuentes explotan esta falta de información utilizando múltiples instituciones financieras dentro o entre jurisdicciones para canalizar sus flujos financieros ilícitos. Sin información más precisa y consistente, resulta cada vez más difícil para las instituciones financieras individuales detectar dichas actividades.

Por otro lado, el uso indebido de datos, su compartición innecesaria o la falta de protección pueden afectar negativamente a personas que no participan en actividades maliciosas. Los datos y sistemas pertinentes deben gestionarse y diseñarse de conformidad con las normas de la DPP. Las iniciativas deben ser necesarias y proporcionales a los fines del tratamiento, y los riesgos asociados a una mayor compartición de datos deben sopesarse siempre frente a los beneficios públicos de la lucha contra la delincuencia financiera.

Fuente: www.fatf-gafi.org

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