Con 357 votos a favor, 46 en contra y 15 abstenciones, la Cámara aprobó ayer la ley sobre denuncia de irregularidades. Esta medida protege a los empleados que denuncian irregularidades en las empresas, ya sean públicas o privadas.

La nueva ley prevé la protección de la identidad, así como garantías contra represalias y discriminación, para quienes denuncien delitos o irregularidades en el trabajo. En concreto, un empleado que denuncie una conducta ilícita ante la ANAC (Autoridad Nacional Anticorrupción) o ante las autoridades judiciales, de la que haya tenido conocimiento en el ejercicio de su empleo, no podrá ser sancionado, degradado, despedido, trasladado ni sometido a ninguna otra medida organizativa que pudiera tener consecuencias negativas.

La identidad del denunciante no puede revelarse. Y si el empleado sufre discriminación, el empleador tendrá la carga de probar que las medidas adoptadas estuvieron motivadas por razones ajenas a la denuncia.

Sin embargo, la ley también presenta algunas deficiencias. Carece de un fondo de protección para ayudar a los denunciantes con los gastos legales y no ofrece protección total de su identidad, que podría revelarse durante los procesos judiciales. Por último, solo se brinda protección parcial a los trabajadores del sector privado.