Editado por Fabrizio Vedana

Los proveedores de servicios de moneda virtual y monederos digitales, que se incluyen en la categoría de otros operadores no financieros a que se refiere el artículo 3, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 231/2007, están obligados a cumplir con los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, la retención de datos y la presentación de informes sobre cualquier presunto blanqueo de capitales. Así lo aclaró la Guardia di Finanza en respuesta a una pregunta específica formulada durante el programa Telefisco 2021 por Il Sole24Ore.

Estas conclusiones se extraen de la observación de que la Directiva europea 2018/843 (más conocida como la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales) ha extendido las obligaciones contra el blanqueo de capitales a los proveedores de servicios cuya actividad consiste en la prestación de servicios de intercambio entre monedas virtuales y monedas de curso legal (los denominados exchangers) y a los proveedores de servicios de monederos digitales (monederos de custodia).

La intervención del legislador europeo incluyó a estas últimas entre las entidades obligadas, partiendo de la premisa de que, al no estar obligadas a identificar y denunciar actividades sospechosas, podrían permitir el posible uso indebido de dichos servicios con fines ilícitos.

En aplicación de las disposiciones de la directiva citada, el legislador italiano modificó y complementó el Decreto Legislativo 231/2007, extendiendo las obligaciones contra el blanqueo de capitales a las dos categorías mencionadas, pero dejando la tarea de establecer y definir los requisitos de acceso a un registro específico a un decreto ministerial.

A la espera de la publicación del mencionado decreto, la Guardia di Finanza interviene para aclarar que, incluso sin estar inscritas en el registro recientemente establecido, las plataformas de intercambio y los monederos de custodia siguen teniendo obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Como consecuencia de lo anterior, todas las personas que se dediquen profesionalmente a las actividades mencionadas deberán adaptar sus normas y comportamientos para cumplir con la legislación que combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.