Editado por Sergio Silvestri

En algunos casos, el sistema fiduciario puede utilizarse con fines ilícitos. Noticias recientes indican que la Policía Financiera del Comando Provincial de Rimini, a través de la Operación Brick Broken, desmanteló un esquema fraudulento mediante el cual una empresa fiduciaria de San Marino presuntamente facilitó el blanqueo de grandes sumas de dinero: se incautaron más de 7,6 millones de euros.
Según los investigadores, todo comenzó con la quiebra de un grupo empresarial en la provincia de Rimini, compuesto por doce empresas que operaban en el sector de la construcción residencial. De acuerdo con los investigadores, estas empresas facturaban precios inferiores al valor real de las propiedades vendidas, recibiendo millones de euros en pagos no declarados de sus clientes.

Según explicó la Guardia di Finanza en un comunicado, el dinero se depositó en un banco de Rimini. Algunos funcionarios bancarios, al igual que los contrabandistas del siglo pasado, cruzaron la frontera y llevaron el dinero a una sociedad fiduciaria en San Marino. Esta sociedad depositó los fondos en su cuenta de un banco local, desde donde se realizaron transferencias bancarias a una cuenta corriente en el banco de Rimini, también a nombre de la sociedad fiduciaria de San Marino, para repatriar los fondos a Italia bajo condiciones de protección adecuadas. Desde esta cuenta, el dinero se invirtió en bonos emitidos por el banco de Rimini.

Los investigadores creen que las transacciones se documentaron mediante recibos creados específicamente para impedir que los fondos se vincularan con las prácticas de evasión fiscal cometidas por los sospechosos, quienes dirigían el grupo constructor en quiebra. Este mecanismo ocultó el flujo ilícito de dinero, que parecía no tener ninguna relación con los autores del ingenioso fraude, ya que se trataba simplemente de una transferencia de fondos fiduciarios de una cuenta extranjera a una italiana. La Guardia di Finanza subraya que «la participación del banco local desempeñó un papel particularmente significativo: el presidente en funciones del consejo de administración del banco ejercía simultáneamente como presidente del Consejo de Auditores de la principal empresa en quiebra y como asesor fiscal de facto de todo el grupo de empresas, lo que permitió a la entidad de crédito beneficiarse, entre otras cosas, de los fondos ocultos, invertidos principalmente en bonos emitidos por el propio banco y, por lo tanto, destinados directamente a financiar las actividades bancarias de la entidad». De esta forma, "los fondos así camuflados —se constató un flujo de más de 20 millones de euros— fueron sustraídos ilícitamente de la quiebra del grupo con sede en Rimini, que tuvo lugar en 2017, causando graves perjuicios a los acreedores y al Tesoro Público".

fuente: Oficina de prensa de la Guardia di Finanza