Editado por Sergio Silvestri

Una vez más, el sector del juego está en el centro de una operación de la Guardia di Finanza. En este caso, se implementó un ingenioso mecanismo para eludir los controles, comenzando con una base de datos "fantasma".

Con la operación Super Slot, la Guardia di Finanza (Policía Financiera Italiana) del Grupo Bra en Piamonte descubrió un fraude fiscal multimillonario en el sector del juego y las apuestas. Tras una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria de Cuneo, según un comunicado de la Guardia di Finanza, se presentaron múltiples cargos penales ante la Fiscalía de Asti, relacionados con una serie de transacciones corporativas extraordinarias realizadas por tres personas residentes en la zona de Alba, accionistas y representantes legales de numerosas empresas vinculadas a un holding familiar italiano, con la intención ilícita de reducir los beneficios generados por la lucrativa industria del juego.

El esquema ilícito, mediante transferencias y fusiones de unidades de negocio, permitió atribuir un valor exorbitante a un activo intangible (un software de base de datos) que, durante la investigación, resultó ser inexistente. Este activo se revalorizó significativamente con cada transacción extraordinaria posterior, en cantidades que oscilaban entre 6 y 9 millones de euros, justificando así una reducción sustancial e ilícita de la renta imponible, según lo define la legislación tributaria vigente. El activo intangible inexistente, tras completar su proceso de amortización contable, que redujo fraudulentamente la renta imponible anual, fue objeto de una nueva revalorización, previa a la ejecución de una transacción extraordinaria posterior. A continuación, la entidad adquirente perpetuó el mismo esquema delictivo, reduciendo aún más su beneficio operativo en los años siguientes.

Este esquema en cascada se repitió en varias ocasiones, involucrando a cuatro empresas diferentes, todas atribuibles a la familia emprendedora.

Los investigadores destacan que las gestiones de la policía judicial, que incluyeron varios registros, peritajes y tasaciones patrimoniales, confirmaron la acusación y permitieron incautar el producto de la evasión fiscal. Parte del dinero ya se había reinvertido en bonos del Estado, acciones y otros productos financieros, por un valor superior a 3 millones de euros, y se había distribuido entre las cuentas bancarias de las empresas implicadas, sus socios gestores y sus contables.