Editado por Joseph Malvisini

En varias ocasiones, tanto los programas de televisión como los informes de prensa destacan el vertiginoso crecimiento de la proliferación del juego ilegal, con un número significativo de denuncias y salas de juego clausuradas.

De hecho, a partir de marzo de 2020, con el inicio de la primera fase del confinamiento, la Policía, la Guardia di Finanza, la Agencia de Aduanas y Monopolios y los Carabinieri llevaron a cabo numerosas operaciones destinadas a desarticular las actividades de juego ilegal.

Según datos de la Agencia de Aduanas y Monopolios, el juego ilegal mueve entre 10 y 20 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 20% de los ingresos por juegos de azar recaudados en virtud de la concesión específica otorgada por la misma Agencia.

Según datos recopilados por Agipronews, desde el inicio de la pandemia se han impuesto multas por un total de casi un millón de euros, y más de 500 personas han sido arrestadas o denunciadas por actividades ilegales.

La explosión de este fenómeno está directamente relacionada con el cierre de las actividades de juego legales, lo que beneficia directamente al crimen organizado.

Este aspecto plantea una cuestión que con demasiada frecuencia se pasa por alto o simplemente se ignora: el valor de las concesiones de juegos como barrera contra la actividad delictiva en la gestión de las actividades de juego.

De hecho, las empresas que operan bajo una Licencia Estatal especial han superado rigurosos procesos de selección y evaluación, tanto en términos de reputación como de solvencia financiera, por parte de las instituciones competentes. Esto garantiza la máxima protección a los jugadores. Dicha protección se manifiesta a través de diversas medidas, desde la lucha contra la ludopatía (como el cumplimiento de la legislación "Juega Bien" o las disposiciones del Decreto Balduzzi), hasta la garantía del cobro de las ganancias (un factor que no se garantiza en el caso de las apuestas ilegales), así como la transparencia de las cuotas aplicadas.

Igualmente importantes son los controles que se realizan a los responsables de los puntos de venta, quienes deben obtener una licencia de seguridad pública para garantizar el cumplimiento de los criterios de integridad.

Además, las funciones de lucha contra el blanqueo de capitales desempeñan un papel importante, con sus propios sistemas de control, la supervisión de las transacciones de juego y la verificación del cumplimiento continuo de los requisitos de integridad mencionados, incluyendo la participación activa en colaboración con las autoridades, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la policía de investigación.

Por lo tanto, la reapertura del sector, más allá de las repercusiones obvias en términos de empleo y pérdida de ingresos, encuentra otra motivación importante: limitar el juego ilegal y restablecer una red de controles adecuada para defender y proteger a los jugadores y la legalidad.