Equipo editorial de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales

En las últimas semanas, la Guardia di Finanza de Verona llevó a cabo una importante operación que culminó con la detención domiciliaria de cuatro personas y la incautación preventiva de bienes por valor de más de 3 millones de euros. Esta iniciativa fue impulsada por la Fiscalía local y autorizada por el juez instructor del Tribunal de Verona.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Verona, se centró en un consorcio que operaba en los sectores de limpieza, transporte, logística y embalaje, vinculado a varias cooperativas. La colaboración entre la Guardia di Finanza y la Fiscalía permitió desmantelar una organización criminal dedicada a la emisión y el uso de facturas por transacciones inexistentes, con una facturación total superior a los 62 millones de euros entre 2018 y 2021.

Durante la investigación, la Guardia di Finanza desmanteló una organización criminal que explotaba la mano de obra empleada formalmente por las denominadas "cooperativas ficticias". Estas cooperativas operaban como entidades ficticias, utilizadas para la evasión fiscal y de la seguridad social. Los individuos detenidos estaban al frente de estas cooperativas ficticias y controlaban toda la estructura corporativa.

La organización criminal seguía un modus operandi sencillo. El consorcio firmaba contratos con clientes públicos y privados a precios extremadamente competitivos. Las cooperativas ficticias realizaban el trabajo, pero incumplían sus obligaciones fiscales y de seguridad social. En su lugar, emitían facturas al consorcio, lo que le permitía beneficiarse de deducciones del IVA sin abonar el impuesto correspondiente a las autoridades fiscales. El consorcio solo realizaba pagos parciales a las cooperativas, las cuales, a su vez, no reclamaban el pago de sus deudas. Además, los trabajadores eran dirigidos por el cliente, no por las propias cooperativas.

Como resultado, estas cooperativas se convirtieron en empresas títeres al servicio del Consorcio y la organización criminal. No solo proporcionaban mano de obra ilegalmente (ya que solo se podía conseguir a través de agencias de empleo temporal autorizadas), sino que también eran explotadas para evadir impuestos y contribuciones. Esta evasión fiscal constituía el verdadero beneficio de esta actividad delictiva.

Además de las cuatro personas bajo arresto domiciliario y el Consorcio, que ha sido acusado de varias infracciones legales correspondientes a los años 2020 y 2021, otras doce personas están siendo investigadas, entre ellas un contable de Verona que gestionaba la contabilidad del Consorcio y las cooperativas implicadas. Cabe destacar que estas medidas cautelares se basan en acusaciones provisionales y deberán ser probadas en el juicio y en los procedimientos judiciales posteriores.

La responsabilidad penal de los sospechosos se determinará únicamente tras un juicio con sentencia firme, y la presunción de inocencia prevista en la Constitución se mantiene vigente. La operación de hoy demuestra el compromiso constante de la Guardia di Finanza de Verona en la lucha contra la competencia desleal en el sector cooperativo, garantizando la protección de las empresas y los trabajadores honestos.

FFuente: gdf.gov.it