Editado por Sergio Silvestri

Ha llegado el momento de crear una Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y de adoptar nuevas normas de transparencia para las transferencias de criptomonedas.

El Financial Times y Reuters publicaron la noticia en los últimos días. El blanqueo de capitales es un grave problema en la UE, y Europol estima que el valor de las transacciones sospechosas asciende al 1,3 % del producto interior bruto. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo del mes pasado advirtió de que el marco de supervisión actual está fragmentado y mal coordinado, y que es necesario hacer mucho más para garantizar que la legislación de la UE en este ámbito se aplique de forma rápida y coherente.

Entre los casos más sonados que impulsarían a la UE a tomar medidas se encuentra el de Danske Bank y los más de 200 millones de euros en transacciones sospechosas que pasaron por su sucursal estonia entre 2007 y 2015. Las autoridades nacionales son insuficientes para combatir decisivamente el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. Por este motivo, la Comisión Europea propone una nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), que, con una plantilla de 250 personas, podría comenzar a operar en 2024 y, con el tiempo, convertirse en la piedra angular de un sistema de supervisión integrado también por las autoridades nacionales. Este nuevo organismo coordinaría a las agencias nacionales y les ayudaría a aplicar el reglamento único, garantizando así la coherencia y la calidad de las normas y metodologías de evaluación de riesgos. La nueva autoridad también supervisaría directamente a las empresas del sector financiero consideradas de mayor riesgo, con operaciones en varios Estados miembros de la UE. El paquete, que será desarrollado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, también creará un reglamento único de la UE. La nueva autoridad podrá imponer multas, con sanciones totales que no superen el 10 % de la facturación anual o los 10 millones de euros, lo que sea mayor. El proyecto también incluirá nuevos requisitos de la UE para que los proveedores de servicios de criptomonedas recopilen y hagan accesibles los datos de los originadores y beneficiarios de las transferencias de estos activos. Actualmente, la falta de regulación en el sector fomenta el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que los fondos ilícitos también se transfieren en monedas virtuales.